Syngenta condenada tras la muerte de un campesino en Brasil

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Después de 8 años, un tribunal brasileño ha emitido un veredicto en contra de la empresa Syngenta por la muerte del campesino brasileño Valmir Mota de Oliveira (conocido como Keno) y el intento de asesinato de Isabel do Nascimento de Souza. Estos hechos sucedieron durante el ataque de una milicia armada enviada por la empresa en 2007 para desalojar a un grupo de miembros de Vía Campesina y MST de unas parcelas, en las que se estaba experimentando como cultivos transgénicos, que habían ocupado como protesta.

Los diversos obstáculos que existen para asegurar que las empresas respeten los derechos humanos y sean considerados responsables de las violaciones que cometen han llevado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a discutir el establecimiento de un tratado internacional vinculante que cree mecanismos de prevención, compensación y responsabilización en cuanto a empresas y derechos humanos.

Título: 
Syngenta condenada: la Justicia declara a la empresa responsable del ataque armado a campesinos acampados
Origen: 
Terra de Direitos
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Fecha: 
Miércoles, 18 Noviembre, 2015

Un tribunal ha declarado a Syngenta Seeds, la empresa suiza productora de alimentos modificados genéticamente y pesticidas, responsable del asesinato del trabajador del campo Valmir Mota de Oliveira (conocido como Keno) y el intento de asesinato de Isabel do Nascimento de Souza. Ambos eran miembros de Vía Campesina y fueron víctimas del ataque de una milicia armada en 2007.

La sentencia, pronunciada por el juez Pedro Ivo Moreiro, del Juzgado Primero Civil de Cascavel, fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Paraná el pasado martes 17 de noviembre. La sentencia declara que la empresa deberá pagar una indemnización a la familia de Keno y a isabel, por los daños morales y materiales causados. El caso fue llevado ante la justicia en 2010, en un intento de obtener respuesta del Estado respecto a la responsabilidad de Syngenta en el ataque perpetrado por milicias armadas privadas.

La sentencia ha sido bien recibida por movimientos sociales y organizaciones por los derechos humanos, ya que hacer que las empresas se responsabilicen por sus violaciones de los derechos humanos representa un desafío a escala global. "Las empresas transnacionales tienen a día de hoy una libertad considerable para operar a nivel global, pero no existen normas nacionales o internacionales o mecanismos suficientes para obligar a estas empresas a respetar los derechos humanos, o hacerlas responsables por los casos en los que estos se violan. En este caso, que Syngenta haya sido declarada responsable es una excepción a la norma," explica el abogado de Terra de Direitos, Fernando Prioste, que ha estado llevando el caso.

Sobre la sentencia

El juez determinó que el evento que tuvo lugar en propiedad de Syngenta fue nada menos que una masacre. En su sentencia el juez afirma que "referirse a lo que ocurrió como una confrontación es cerrar los ojos a la realidad, dado que [...] no cabe duda de que, en realidad, fue una masacre disfrazada de reposesión de la propiedad". La versión ofrecida por Syngenta fue por tanto rechazada por el juzgado. La empresa afirmaba que el ataque que tuvo lugar en 2007 fue el resultado de una confrontación entre los hombres de las milicias y miembros de Vía Campesina.

En su defensa, Syngenta reconoció la ilegalidad de la acción de la milicia privada, así como la naturaleza ideológica de la acción contra Vía Campesina y MST. La empresa afirmaba que "más que protección de los terrenos agrícolas, es evidente que el objetivo de la milicia era defender una posición ideológica contraria a la del MST [Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra], para así propagar la idea de que toda acción tendrá como consecuencia una reacción." Con esta declaración, la empresa transnacional pretendía evadir su responsabilidad, sosteniendo que el ataque no tuvo que ver con la empresa que ellos contrataron, sino con milicias que actuaban por orden de los propietarios.

Sin embargo, en su sentencia el juez reconocía que "las malas decisiones en cuanto a la subcontratación de servicios de seguridad, así como la financiación indirecta de actividades ilícitas, es un factor que genera responsabilidad civil". Es más, el juez condenó vehementemente el ataque al afirmar que "por muy reprochable e ilegítima que pudiera haber sido la ocupación de la propiedad, no hay nada que justifique que nadie se tome la justicia por su mano, imponiendo la pena de muerte a los ocupantes, en lugar de establecer los medios legales para resolver el conflicto dado que, después de todo, el sistema legal considera que el ejercicio arbitrario del juicio propio es un crimen". La sentencia del tribunal no sólo reafirma la naturaleza ideológica de las acciones de la milicia, sino que también vincula a Syngenta con estas acciones.

Esta sentencia no es definitiva. Syngenta, a través de su abogado defensor René Ariel Dotti, puede apelar al Tribunal Estatal de Apelaciones de Paraná. Según el abogado de Terra de Direitos, Fernando Prioste, se espera que el Tribunal de Apelación mantenga la sentencia, y que se pueda establecer la verdad de lo que ocurrió en octubre de 2007. "Hay pruebas muy robustas en contra de la empresa," señala. "Si Syngenta fuera absuelta sería como el sistema judicial respaldase masacres como la que ocurrió en este caso."

La excepción a la regla

Cuando se le preguntó sobre la sentencia, Isabel Nascimento dos Santos dijo que estaba contenta, por mucho más que por la indemnización económica. Esta trabajadora rural, que sufrió heridas graves durante el ataque de 2007, subrayaba la importancia de que se haya reconocido a la empresa como culpable en este caso.

"Ahora puedo ir con la cabeza alta, e intentar olvidar un poco del sufrimiento al que nos hemos enfrentado. ¿Se ha acabado la lucha? ¡Nunca! Debemos continuar, y seguir también con el trabajo de Keno."

Eduardo Rodrigues, portavoz del MST en la región de Cascavel, subraya la importancia de esta sentencia. Según él, la impunidad de las grandes empresas que violan los derechos humanos es común, así como la criminalización de los miembros del movimiento en su lucha en oposición al modelo del agronegocio. "El ataque no se hizo a espaldas de la empresa," denuncia este trabajador agrícola. "No sólo aportaron apoyo institucional, sino también económico y logístico."

Eduardo espera que esta sentencia se extienda a otros casos, y que se pida cuentas a estas grandes empresas de los ataques que cometen. "Espero que esta sentencia fortalezca nuestra lucha, dando visibilidad a nuestros compañeros."

Los diversos obstáculos que existen para asegurar que las empresas respeten los derechos humanos y sean considerados responsables de las violaciones que cometen han llevado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a discutir el establecimiento de un tratado internacional vinculante que cree mecanismos de prevención, compensación y responsabilización en cuanto a empresas y derechos humanos.

El grupo de trabajo de la ONU para el establecimiento de este tratado internacional visitará Brasil el próximo mes de diciembre. Se espera que los representantes de la ONU utilicen la sentencia a Syngenta como referencia para responsabilizar a las grandes empresas que cometen violaciones de los derechos humanos a través de empresas subcontratadas.

Sobre el caso

El 21 de octubre de 2007 unos 40 hombres armados de la empresa "NF Segurança" atacaron el campamento de Vía Campesina en el sitio de experimentación con cultivos transgénicos de Syngenta en Santa Tereza do Oeste (PR). El sitio había sido ocupado una vez más esa mañana por unos 150 miembros de Vía Campesina y el movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).

Los ocupantes denunciaban los experimentos ilegales con maíz transgénico en una zona protegida colindante con el Parque Nacional de Iguazú. Los miembros de Vía Campesina buscaban también denunciar a las empresas biotecnológicas que intentan imponer un modelo agrícola que perjudica al medio ambiente mediante el uso de cultivos modificados genéticamente y pesticidas, lo cual hace imposible que los campesino autoempleados, las poblaciones indígenas y las comunidades tradicionales puedan producir alimentos saludables.

Hombres fuertemente armados de NF Segurança invadieron el sitio, disparando sus armas hacia las personas que lo ocupaban. Según la información aportada por Vía Campesina, el ataque había sido ordenado por Syngenta, que había contratado los servicios de NF Segurança, junto con la Sociedad Rural de la Región Occidental (SRO) y el Movimiento de Productores Rurales (MPR), vinculado con la agroindustria. Existen indicios de que la empresa de seguridad iba a cerrar y que contrató a personal de seguridad de forma ilegal para llevar a cabo estas operaciones de ataque. Además de a Keno, los atacantes dispararon y golpearon a Isabel, e hirieron a otros tres trabajadores agrícolas.

Con un 19% del mercado agroquímico y el tercer puesto en beneficios por la venta de semillas a nivel global, después de Monsanto y Dupont, Syngenta, junto con otras empresas transnacionales, exacerba el escenario de violencia rural mediante la imposición de un modelo agrícola basado en el monocultivo, la explotación de los trabajadores rurales, la degradación ambiental, el uso de pesticidas y la privatización de recursos naturales y genéticos.

En el emplazamiento en el que tuvieron lugar los eventos se ha abierto el Centro de Investigación en Agroecología Valmir Mota de Oliveira ("Keno").

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